Por Daniel Lencina
Foto de MesaFederalxCyT
Este miércoles 12 de agosto se llevó a cabo una nueva marcha contra el ajuste de la administración de Javier Milei en Argentina, esta vez por parte del colectivo científico. Con la consigna «ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía», la protesta se levantó contra las políticas que provocan que desde el inicio de la actual administración de gobierno un promedio de 7 científicos haya perdido sus empleos por día1.
La coyuntura de los investigadores y de toda la actividad científica en el país representa la punta de un ovillo para una problematización de los posibles escenarios a mediano y largo plazo. Claramente, no puede decirse que un país que no apueste por la producción de conocimiento esté avizorando líneas de acción de las que en el mundo hay incontables evidencias –¿cuál sería la base del argumento para pensar que «en 30 años seremos como Irlanda2?»–. Tampoco, sin embargo, puede resultar novedoso el aprovechamiento de la corrección política a favor del conocimiento, de la universidad pública o referirse al «cientificidio libertario», lo que en última instancia representa todo un obstáculo para afrontar un debate genuino que conduzca al trazado de políticas consistentes.
Puede decirse que, en el contexto global, la situación de los investigadores argentinos es denigrante. Con salarios que pueden promediar los US$ 1.350 y 1.800 –sin mencionar que por estos días tienen inconvenientes hasta con su cobertura social3–, quedan muy por debajo de los estándares internacionales. Por ejemplo, en España –que lejos estar de ser la plaza más competitiva en Europa–, los salarios postdoctorales pueden situarse entre los € 2.400 y 4.500 mensuales, dependiendo del programa y de la universidad en el que se inserten. En tanto, un postdoctorando o investigador asistente en Alemania puede estar ganando entre € 5.400 y 6.000 por mes, mientras que un Research Scientist en Estados Unidos se ubica entre los US$ 7.500 y 11.6004.
La situación genera una comprensible fuga de los cerebros más talentosos hacia medios que les ofrezcan tanto mejores posibilidades laborales como de desarrollo investigativo, o bien el abandono directo de la actividad5, además de la obvia indignación de circunstancia por el deterioro del capital intelectual del país. No obstante, que esa indignación se termine constituyendo en combustible de prácticas sectoriales de oportunismo es una discusión hacia dentro que no debe esquivarse si realmente se pretende gozar de alguna relevancia en la edificación del porvenir colectivo.
Hay que decir que, en Argentina, el sistema de investigación y el de universidades nacionales están fuertemente entrelazados. Mientras se supone que las universidades deben afrontar gran parte de la investigación, organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) la financian, la coordinan y la sostienen aportando personal, becas e institutos compartidos. Es decir que las universidades contribuyen con la infraestructura académica, la formación de grado y de posgrado, además de con el espacio institucional en el que se desarrolla buena parte de la investigación, mientras que el CONICET cuenta con las carreras de investigación, salarios, subsidios y una red que sostiene el trabajo científico. Además de ser sumamente estrecha, esta relación es una de las bases del sistema científico argentino, por lo que sería limitante encarar el asunto como una cuestión de la ciencia y la investigación, o de las universidades; es, en todo caso, un problema del campo del conocimiento6.
Sin embargo, su valor y trascendencia no siempre es evidente para el gran público, y aparentemente ni siquiera para las esferas de decisión política, lo que ha dado lugar a afirmaciones o comparaciones que han llegado al nivel de lo absurdo7. Aún así, sería necio negar que para buena parte de la opinión pública hay una afectación de lo que implican una y otra esfera en términos de la relevancia de su valor de cara al presente y al porvenir.
Por ejemplo, independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no, el hecho de que haya voces críticas hacia el reclamo universitario da cuenta de que alguna incomodidad está en el aire y de que el consenso lejos está de ser absoluto. No faltan los referentes mediáticos o líderes de opinión que levantan el guante. Tras la marcha universitaria de mayo pasado, vasta notoriedad alcanzó el editorial del conductor televisivo Alejandro Fantino, para quien «esto no es para todos, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que está marchando por sus putos privilegios»8. Por su parte, el diputado nacional Adrián Brizuela –integrante del bloque de La Libertad Avanza y, dicho sea de paso, es docente universitario– también cuestionó la lucha a través de sus redes sociales al sostener que es «una muestra más de la incoherencia e hipocresía de los militantes de la cultura subsidiada que no están defendiendo a la universidad pública, sino sus privilegios y sus cajas»9. Reducir una respuesta a la afinidad ideológica de estas figuras con el gobierno sería esquivar el desafío de aquella discusión que se precisa.
Que esa indignación se termine constituyendo en combustible de prácticas sectoriales de oportunismo es una discusión hacia dentro que no debe esquivarse si realmente se pretende gozar de alguna relevancia en la edificación del porvenir colectivo.
Y es que, pese al desconocimiento popular de las implicancias de términos como «cátedra», «investigación», «ránkings», etc., es innegable que la opinión pública guarda sospechas más allá de la defensa de la universidad pública y de la ciencia como valores sociales. En este sentido, también es preciso notar una tendencia de sostenido declive en cada nueva edición de la Marcha Federal en reclamo por el cumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley de Presupuesto Universitarioi.
La balanza judicial finalmente inclinada a favor de las universidades tampoco agota la cuestión aquí planteada10, ni los incumplimientos a la ley por parte del gobierno. En última instancia, ¿para qué y con qué función social se quiere tener un sistema universitario y de investigación? Porque una cosa es concebirlos para la generación de conocimiento como plataformas de un proyecto colectivo, y otra es el sostenimiento de una infraestructura institucional que represente una alternativa para gente que en no pocas ocasiones carece de las credenciales mínimas exigibles, o que siquiera tenga familiaridad con el funcionamiento del ecosistema académico internacional.
En el caso de las universidades, el costo de ese diferencial lo termina pagando el mismo sistema al no recibir de su talento humano una devolución acorde en términos de reputación como resultante de la generación de conocimiento. Esto ocasiona que, de las 61 universidades dependientes del estado nacional y las 6 administradas por instancias provinciales, sean excepcionales los casos que exhiben lugares destacados o siquiera presencia alguna en los ránkings internacionales: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) son algunas de esas excepciones11. No deja de ser llamativo que haya unidades académicas que sin siquiera ingresar en las clasificaciones reclamen fondos en nombre de la educación superior de calidad (?).
En este sentido, en ocasión de la competencia electoral para ocupar el rectorado de una universidad que hace más de una década no figura en las listas12, uno de los aspirantes al puesto expresó el anhelo de que la institución logre ubicarse al menos entre las 50 mejores del continente. «Las gestiones anteriores nunca tuvieron en cuenta la importancia de estar rankeados a nivel internacional, y esto depende en gran medida de los objetivos que se propongan», dijo el entonces candidato, admitiendo el problema. «No es de un año para el otro que se vaya a lograr estar en los primeros puestos, pero sí se puede ir trabajando para acercarse a los valores que se quieren. No pretendemos ser de las mejores universidades de Latinoamérica, pero por lo menos estar entre las 50 mejores», expresó en una entrevista radialii. La afirmación es admisible solo si se considera la coyuntura institucional de ese momento, pero no deja de exponer un inocultable desconocimiento del funcionamiento de las redes globales.
Y esto es porque, así sea que se desplieguen con toda intensidad las líneas de acción necesarias para ubicar a la institución en lugares internacionales destacados, los resultados no serán tan inmediatos siquiera para proyectarlos a una o dos gestiones de 4 o 5 años cada una. Un aspecto crítico para tener en cuenta es la producción científica indexada (no es el único, por supuesto, ya que también participan la internacionalización o la reputación académica a través de encuestas entre los empleadores de los egresados, entre otros); es decir, que los docentes e investigadores que componen el talento humano investiguen de tal manera que sean consistentemente citados por pares de otros centros. Esto es, en última instancia, el punto clave que distingue a la actividad formativa superior de, por ejemplo, el bachillerato, donde se ofrece conocimiento producido en otras instancias.
Esto significa que el titular de una cátedra debe ser un experto investigador en capacidad de ofrecer a sus estudiantes el nuevo conocimiento que genera su actividad investigadora –que a su vez es validado por la comunidad científica a través de publicaciones de alto impacto–. Por ello, no es de extrañar que los profesores provean a sus estudiantes de su propia producción bibliográfica –papers, artículos, capítulos de libros y libros evaluados por pares ciegos– como material de estudio en sus cátedras. El certificado que acredita esa expertise no es otro que el diploma doctoral, por lo que se entiende que el docente universitario, por lógica del funcionamiento del sistema, debe ser doctor. De hecho, en ámbitos verdaderamente competitivos, este es el requisito de ingreso elemental a la carrera docente de nivel superior. Esto es lo que se denomina una masa crítica investigadora, con doctorados consolidados, investigadores categorizados y grupos de investigación visibles. Si se promovieran programas reales a partir de políticas institucionales apoyadas en datos –no en slogans– para robustecer esa masa crítica, una proyección optimista podría colocar a las universidades en buenas posiciones regionales y mundiales en no menos de 10 o 15 años; en 20 o 25 si se es más realistaiii.
¿Significa esto que no existe el talento capaz de elevar la vara? No, porque allí están los investigadores, los becarios, los doctorandos y posdoctorandos que, aún estando rezagados en las consideraciones de las políticas públicas, cuentan con el entrenamiento investigativo, de generación de conocimiento y de publicación propios de la actividad académica más rigurosa. Este es, al entender de este editorialista y lo que propone esta reflexión, el punto clave cuya discusión debe asumir el campo intelectual argentino, pero para el que de momento no parece haber la apertura suficiente. Porque lo que se prioriza es una forma de entender lo público y la política que captura a la universidad para reducirla a un mero presupuesto del que es válido hacerse con la mediación del oportunismo de facción –de cualquiera que se trate–, la mezquindad coyuntural o el pragmatismo demagógico; es decir, como algo de cuyo acceso pueden ejercerse aprovechamientos personales y sectoriales. Se hace referencia a una cultura organizacional que permite que haya quienes no solo no dispongan de las credenciales que la actividad universitaria supone, sino que han hecho y hacen carrera, y probablemente en algún momento hasta gocen del beneficio jubilatorio sin dar cuenta de al menos una publicación en toda su trayectoria, postergando a los verdaderamente calificados para colocar a las universidades e institutos en posiciones relevantes a nivel mundial.
Por caso, el CONICET evidencia un desempeño bibliométrico internacional extraordinario y, en el ránking SCImago de organismos gubernamentales, en más de una edición ha quedado por encima de la NASAiv. Es decir que el talento humano existe. Lo que no está teniendo es el protagonismo ni el lugar acorde a las posibilidades de su contribución, ni desde el gobierno ni desde el la infraestructura universitaria.
A este respecto, por parte de las universidades no representa respuesta alguna la justificación de que, aunque no figuren en los ránkings internacionales, la calidad académica esté asegurada en virtud de que sus programas cuentan con el aval de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Es preciso aclarar que la CONEAU no certifica excelencia, liderazgo internacional, ni desempeño comparativo superior. Lo que esta Comisión verifica es el cumplimiento de estándares mínimos a través del análisis de plantas de personal, infraestructuras, planes de estudio y mecanismos de evaluación interna13. Esto es algo que se da en cualquier contexto con el objeto de evitar que hayan universidades o institutos que ofrezcan servicios por fuera de los márgenes estatales, sin formalidad o con deficiencias graves, pero no es requisito suficiente para exhibir excelencia con la generación automática de impacto ni de prestigio científico. Por ejemplo, en EE.UU. –todo un referente del campo, con una infraestructura que genera hasta envidia–, una universidad acreditada regionalmente puede ser correcta y cumplir con los estándares elementales, pero eso no la convierte en Harvard. Entonces, el intentar soslayar el problema a estos permisos no es otra cosa que más demagogia de ocasión.
El CONICET evidencia un desempeño bibliométrico internacional extraordinario y, en el ránking SCImago de organismos gubernamentales, en más de una edición ha quedado por encima de la NASA.
Otro reduccionismo es pretender justificar las bajas performances con la quita de fondos por parte del gobierno central. En realidad, el impacto de las políticas en los indicadores se da en plazos mucho más extensos, tal como se explicó en párrafos precedentes en relación a las posibles estrategias para el destaque universitario en los ránkings. Si el problema fuera excluyentemente presupuestario, la UBA –que también padece las medidas destructivas de Milei– tampoco clasificaría ni mucho menos tendría tan buenos desempeños en los ránkings. Una vez más, la cuestión fundamental son los métodos y mecanismos apoyados en políticas más amplias que merecen ser debatidas con honestidad y sin sectarismos.
En Argentina, la asignación es mayormente histórica y salarial. Es decir, el presupuesto de cada universidad no se determina mediante fórmulas que mensuren su rendimiento académico, sino que recibe una asignación que parte de su estructura y de los créditos que históricamente ha tenido, dando paso a subsecuentes negociaciones y modificaciones. Por eso, una universidad que tiene una determinada cantidad de docentes, no docentes, estudiantes, edificios, hospitales, etc., arrastra una estructura presupuestaria determinada, por lo que puede decirse, en términos muy simplificados, que existe una fuerte inercia presupuestaria14. Mientras tanto, el CONICET financia investigadores y proyectos, pero tampoco redistribuye en función de métricas.
La exploración de puntos de referencia es inevitable pero, además, enriquecedora. En Reino Unido, por ejemplo, el financiamiento está fuertemente ligado al desempeño medido según los resultados publicados en el Research Excellence Framework (REF). Esto quiere decir que cada universidad o instituto presenta su producción científica cuya calidad e impacto es evaluada por paneles disciplinares de expertos, arrojando resultados que determinan la distribución de fondos competitivos15. En Alemania, por su parte, opera un modelo dual con una fuerte dosis competitiva, apoyándose en los Länder (estados federados) y programas federales como la Exzellenzstrategie; esto es el esquema nacional que otorga recursos a instituciones que demuestran excelencia investigadora16 17. También pueden hallarse ejemplos en la escena latinoamericana: en Brasil, por caso, si bien no hay financiamiento directo por ránking, sí se da un fuerte apoyo con énfasis en la investigación a partir del rol de agencias como CNPq, FINEP, CAPES, FNDCT y FAP18. Como resultado, el sistema brasileño logra posicionar consistentemente entre 3 y 5 universidades e institutos de investigación en las listas globales, y muchos más en las regionales.
De más está discutir que la vieja política enquistada en las universidades nunca daría lugar a la implementación de mecanismos de este tipo, lo cual –si se hiciera–, a final de cuentas hasta relativizaría la controversia alrededor de la rendición de cuentas y la ejecución de auditorías19 20. De hecho, probablemente esta política incluso considere conveniente la continuidad de las modalidades vigentes para poder limitarse a indignarse y pedir plata, que es a todo lo que reduce la discusión. Si se estableciera un esquema similar a los anteriormente mencionados, no pocos dirigentes que actualmente se colocan al frente de las marchas reivindicando el conocimiento y la investigación –pese a haber abandonado los libros hace mucho tiempo– se encontrarían ante la necesidad de asumir trayectorias que no les interesan y para las que tampoco están entrenados: el trabajo académico. En última instancia, su protagonismo en la lucha no hace más que ofrecerle justificantes al shock del ajuste libertario, además de continuar alimentando las sospechas hacia las demandas.
Se trata de una política sin posibilidades de proponer planteamientos sobre los posibles escenarios del conocimiento a mediano y largo plazo –por ejemplo, las razones por las que las universidades en los países más desarrollados están quedando progresivamente más vacías, o los desafíos que plantean las acreditaciones cortas basadas en habilidades–; que no se incomoda al presentar instancias formativas que, cuando sean concluidas por los estudiantes, probablemente les extiendan diplomas para ejercer profesiones que habrán desaparecido por el peso de la Inteligencia Artificial –¿pueden decir entonces que les preocupan el futuro de los y las jóvenes?–; y que promueven prácticas que les plantean a las nuevas generaciones que la apuesta por los mecanismos de lealtad y obsecuencia son más valiosos que los del conocimiento.
Por ello, ante la actual coyuntura de dinamitación mileísta del conocimiento difícilmente haya respuestas de mayor estatura política que la de la UBA, que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia dio cuenta de una nueva performance de excelencia en la edición 2026 del ránking QS –una vez más, se colocó entre las principales universidades de la región21 22–, y del CONICET mostrándose consistentemente como la mejor institución gubernamental de ciencia en Latinoamérica23 24 25.
i La primera marcha universitaria, llevada a cabo el 23 de abril de 2024, fue el punto de mayor convocatoria y marcó un hito de movilización con más de 1.000.000 de personas en las calles de todo el país. En la segunda edición, del 2 de octubre de 2024, comenzó a notarse la baja: los organizadores –universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos– estimaron que más de 1.000.000 de personas se movilizaron, mientras que las mediciones gubernamentales situaron la concurrencia en 800.000 manifestantes. La tercera marcha (17 de septiembre de 2025) mostró una nueva merma, con más de 700.000 personas movilizadas en todo el país, aunque algunas fuentes institucionales, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), elevaron la cifra a más de 800.000 asistentes concentrados principalmente en los alrededores del Congreso de la Nación. Esta edición tuvo como objetivo central rechazar el veto presidencial a la Ley, la cual fue ratificada por el Congreso ese mismo día en una jornada de tensión política. Finalmente, la marcha del pasado 12 de mayo, evidenció una marcada disparidad entre las estimaciones oficiales y las de los organizadores, así como un comportamiento diferenciado entre la Capital y el interior del país: mientras que el CIN y los sindicatos calcularon una movilización de 1.500.000 personas en total, el Gobierno nacional situó la cifra en apenas 135.00026 27 28 29.
En tanto, si bien se trató de una protesta más sectorial centrada en la situación específica de los investigadores del CONICET y otros organismos, no hay cifras oficiales ni extraoficiales de concurrencia a los distintos puntos de reunión de la manifestación del 12 de agosto. Solo a través de las imágenes divulgadas puede apreciarse una considerable disminución del volumen de asistencia.
ii Lejos está de ser la intención la de personalizar la discusión, por lo que se opta por solo hacer mención a la entrevista. Sin embargo, si el lector lo requiere, puede encontrarla en los archivos en línea de El Ancasti Streaming.
iii Esto no obsta de críticas al sistema, pues la lógica de los ránkings exhibe constantes fallas que relativizan el espíritu de la producción de conocimiento. En este orden, es oportuno recordar el conocido caso del químico Rafael Luque, exprofesor de la Universidad de Córdoba (España), quien supo destacarse como uno de los científicos más prolíficos y citados del planeta, llegando a publicar un estudio cada 37 horas. Esto generaba suspicacias de posibles irregularidades y malas prácticas en la firma de investigaciones con universidades extranjeras. Finalmente, con más de 700 artículos en su haber, en 2023 fue suspendido por 13 años tras comprobarse que firmaba trabajos vinculándose indebidamente a instituciones de Rusia y Arabia Saudita mientras mantenía contrato a tiempo completo en España30. Por situaciones así puede decirse a grandes rasgos que el mecanismo de clasificación no es sino una expresión de la captura del mercado a la producción de conocimiento.
iv En la edición 2023, el CONICET quedó 22º y la NASA 28º entre más de 1.700 instituciones estatales de investigación. En la 2024, por su parte, el CONICET figuró 20º y la NASA se ubicó entre los puestos 23º y 30º. En 2025, en tanto, el CONICET mantuvo el primer puesto entre las instituciones gubernamentales de investigación de América Latina. Todo esto, sin embargo, no permite concluir que el organismo argentino sea mejor o esté por encima de la NASA en todas las áreas, puesto que mientras el CONICET tiene un enfoque multidisciplinario de investigación en ciencias naturales, salud, ingeniería, ciencias sociales y humanidades, la NASA lo hace en aeronáutica, espacio, ciencias planetarias y observación de la Tierra. En estas áreas, en cambio, el organismo estadounidense aparece 9º a nivel mundial y su par argentino sería, en todo caso, la Comisión de Actividades Espaciales (CONAE)31 32 33.
