Foto Gustavo Petro Urrego en Flickr
Se aproxima el fin del periodo presidencial de Gustavo Petro y, contra todo pronóstico, el país parece atestiguar un proceso cabal de transición y normalidad democrática –es decir, sin golpes de Estado ni magnicidios–. Sorprendentemente también, al cierre del periodo el presidente parece tener una alta popularidad1, pese a los esfuerzos de los sectores más rancios que han bloqueado hábilmente las iniciativas reformistas en el Congreso y de los conglomerados mediático-empresariales que han definido una línea editorial de clara confrontación y desgaste reputacional de Petro, su persona, su familia y su gobierno.
Esto era previsible aún antes de que asumiera la presidencia. Algo similar ocurrió con su mandato en la Alcaldía de Bogotá, caracterizado por una alta confrontación con los partidos más retardatarios del Distrito y en medio de una parálisis casi total inducida –entre otros– por el camandulero, aspirante a Torquemada criollo, Alejandro Ordóñez, quien usó la Procuraduría como su policía política particular. Hay también responsabilidad directa del propio Gobierno y del mismo Petro, quienes se han encargado durante estos años de servir en bandeja de plata, a la oposición y los críticos, no pocas razones para desacreditar la acción gubernamental.
Tanto en su mandato al frente de la ciudad como ahora, sentado en el Palacio de Nariño, el papel de Gustavo Petro y de sus gobiernos resulta difícil de valorar por fuera de los apasionamientos y partidismos. Una mirada mesurada es francamente imposible, más aún si se tiene en cuenta la cantidad de callos levantados en los tres años y medio transcurridos.
Esto no impide hacer valoraciones honestas, no ya puramente objetivas, sino consecuentes y elaboradas desde la honestidad intelectual. No se pretende proponer una lectura absoluta ni exhaustiva de todos los hechos ocurridos durante el periodo de análisis, ni arropar con una supuesta objetividad un discurso político que, a todas luces, es evidente. En este caso, se propone una valoración del papel histórico de un proceso político aún en ciernes con información fragmentaria e incompleta, pero puesta sobre la balanza de la importancia que tiene para el país un cambio social cada día más necesario: un balance del proceso frente a las posibilidades de transformación que merece Colombia.
Los puntos fuertes del gobierno: cambios largamente esperados
Es difícil reducir toda la realidad colombiana, de casi cuatro años, a apenas unas líneas. Pero si deben que traerse a colación los puntos más valorados del gobierno de Petro, debería comenzarse por la entrega de tierras. En la política de restitución y reforma agraria, ambas derivadas del mandato constitucional y de los compromisos adquiridos en los acuerdos de La Habana, ha destacado el papel de Harman a la cabeza de la Agencia Nacional de Tierras. Sin duda un acierto en un gabinete poco homogéneo.
En estos tres años y medio, el gobierno nacional ha entregado y titulado tierras a campesinos, comunidades étnicas y víctimas por una cuantía diez veces superior a las entregadas en los dos gobiernos anteriores –700.000 hectáreas entregadas y 1.800.000 tituladas–2. No cabe duda de que por primera vez en la historia un gobierno adopta una mirada distinta del tema agrario en el país, más allá de las promesas electorales. Para Petro, como para buena parte del pensamiento liberal colombiano, la cuestión agraria es un elemento fundamental para la construcción de la paz. Tocar directamente las causas del conflicto colombiano es una deuda pendiente del Estado colombiano y la tierra es quizás la primera de estas causas. En tal dirección, el presidente ha procurado movilizar a su gobierno.
Otro gran punto fuerte ha sido el manejo de la política exterior. Si bien es cierto que el cuerpo profesional diplomático ha demostrado su sistemática animadversión ante algunas políticas presidenciales, especialmente frente a la injustificada asignación clientelar de embajadores y cónsules, también es cierto que por primera vez en la historia reciente Colombia tiene una política exterior propia, no supeditada a las potencias extranjeras.
Para ello fue clave la articulación de la acción diplomática en ejes de intervención estratégica, entre los que se cuentan los asuntos medioambientales, la lucha contra la criminalidad transnacional y los Derechos Humanos. De hecho, ha sido la acción decisiva y valiente del gobierno nacional en la cuestión palestina, y en su denuncia temprana del genocidio, lo que despertó primero una gran virulencia mediática y, después, la simpatía de numerosos países del Sur Global. Este carácter ambivalente de las circunstancias le granjeó al gobierno una fortísima presión interna, en especial de la prensa capitalina, al tiempo que le dio un respiro a nivel global que, como válvula de escape, situó al presidente como un referente mundial en materia de DD.HH.
Por supuesto que esto va más allá del papel personal jugado por Petro. Se inspira principalmente en la experiencia histórica de un sector que se ha empecinado en la búsqueda de la paz y en el espíritu de una generación que ha entendido que es con las víctimas de los conflictos como se reparan, en alguna medida, las heridas de las conflagraciones. En un mundo donde se liquidan las viejas instituciones liberales, las fuerzas políticas de base exigen un cambio sustancial que Petro supo comprender: la separación de la política exterior del país de los intereses estadounidenses e israelíes.
No cabe duda de que por primera vez en la historia un gobierno adopta una mirada distinta del tema agrario en el país, más allá de las promesas electorales.
A pesar de su consistencia e implicación personal en este viraje presidencial, la Cancillería no ha estado a la altura ni en las mejores manos, lo que ha restado importancia a la política exterior del país, prestándose incluso para gatillar críticas de la oposición. Ciertamente, el papel de Álvaro Leyva y la críptica Laura Sarabia no contribuyeron a consolidar siquiera una imagen de estabilidad en la institución.
No obstante, el acercamiento a África3 impulsado por Francia Márquez, una diplomacia centrada en los DD.HH.4, el papel de Colombia en la transición energética mundial5 y en la lucha contra el crimen organizado6, son elementos hacia la reconfiguración de las relaciones exteriores del país, y un valioso legado pese a los incontables errores.
Finalmente, hay que destacar la política social del gobierno que encuentra en el aumento sostenido del salario mínimo, la reactivación del Ministerio del Trabajo –con un excelente desempeño de Gloria Inés Ramírez–, y las reformas laboral y pensional a sus ejemplos más sobresalientes.
La agenda social, envuelta en traumatismos gigantescos, no ha pasado desapercibida. Petro intentó implementar un programa social-liberal que ha sido, por encima de todo, reconocido por las clases populares, a quienes tampoco se les escapa la respuesta excesiva del establishment colombiano y su torpeza al intentar atajar unas reformas que difícilmente puedan ser consideradas poco más que moderadas.
El reconocimiento ciudadano de este tipo de iniciativas no se hace esperar. No en vano la izquierda asociada con Petro ha experimentado un crecimiento considerable, hasta el punto de casi apropiarse de todo ese espectro ideológico. Así, la candidatura de Iván Cepeda parece demostrar el respaldo popular que mantiene el petrismo, siendo su presencia a la cabeza de las encuestas desde hace meses una muestra fidedigna.
Todo esto se debe principalmente al reconocimiento de los trabajadores, quienes vieron por primera vez en décadas que se podía gobernar por fuera del credo neoliberal, subiendo sueldos, exigiendo a las empresas que cumplan con sus obligaciones y recuperando algunos derechos que la derecha había cercenado. Este golpe de realidad puede explicar por qué, en medio de tantos reveses y errores propios, el petrismo amenaza con dejar alguna continuidad. Las maquinarias políticas y los medios de comunicación hegemónicos harían bien en tomar nota.
Errores que un proceso de transformación no puede permitirse
Como se ha reiterado, la administración Petro no ha estado exenta de errores. Por supuesto que cualquier valoración de esta presidencia no sería del todo legítima si no tomara en consideración las enormes dificultades que ha tenido que enfrentar de parte del establishment. En buena medida, se cree haberlas incluido a lo largo del escrito. Sin embargo, esto no quiere decir que deba hacerse la vista gorda ante errores que han sido protuberantes. Atrincherarse en la defensa del presidente y buscar justificaciones a sus acciones, no cabe duda, ha sido un error del petrismo.
El mayor desliz de Petro es estratégico. El presidente nunca entendió el rol histórico que debe cumplir una fuerza política que encabeza un proceso de cambio. Su ingenua concepción liberal de la política lo llevó a pensar que armar una coalición política, necesaria para llegar al poder y gobernar, implicaba transigir con facciones retardatarias, inclusive entregándoles entidades importantes de la administración. Ello le significó conceder buena parte del aparato a agentes clientelares quienes, una vez allí, se dedicaron a destinar recursos para reelegir a sus alcaldes en desmedro inclusive del mismo Pacto Histórico, algo que fue evidente en las elecciones municipales y departamentales de 2023. El error táctico de entregar cuotas y entidades enteras a opositores con la promesa de aprobar reformas sociales que finalmente nunca fueron concretadas acabó por reducir el alcance de la agenda transformadora.
A esto se suma la incapacidad del presidente para poner en cintura a ministros propios que, en el seno del gobierno, se encargaron de minar la legitimidad de la agenda del proyecto. Alejandro Gaviria –por mencionar solo su primer error– cumplió el papel de caballo de Troya, dedicado a destruir la reforma a la salud antes que manejar su propia cartera. Lo mismo puede decirse del empecinamiento por enrocar a figuras nefastas como Benedetti, Sarabia y Barreras.
El problema en este tipo de procesos no es «establecer alianzas con los diferentes», sino que incluso en esas diferencias debe tenerse claro el papel dirigente del sector gobernante. La noción de hegemonía gramsciana puede resultar esclarecedora para ilustrar este punto. Ella implica que distintos sectores sociales y facciones políticas divergentes pueden plegarse ante una agenda específica frente a una política que sea capaz de construir un sentido de futuro. Indudablemente, la agenda del cambio representa una plataforma inicial con las calidades suficientes para articular un conjunto amplio de fuerzas. No obstante, ello supone disciplina, dirección y una alta carga de exigencia de parte de la dirigencia, alineada armónicamente con sus cuadros. Ello incluye, por su puesto, a los sectores con los que se negocia y que no siempre se articulan por intereses genuinos.
Y este ha sido un error garrafal de Petro y de sus copartidarios. No toda la responsabilidad se salda con «señalar las traiciones»7 al proyecto. A final de cuentas, las responsabilidades permanecen intactas en cabeza del presidente, y el afectado no es solo el individuo que comete el acto de corrupción o quien destina recursos públicos a sus clientelas. El mayor afectado con estos personajes nefastos es el mismo gobierno, el partido dirigente y su capacidad para movilización de cara al futuro.
En su defensa, el petrismo parece haber sabido manejar la crisis denunciando a algunos cuadros corruptos –por ejemplo, Olmedo López y Sneyder Pinilla–. Al parecer logró solventar un poco la situación al poner al frente personas que quizás debían haber estado dirigiendo dichas Entidades desde el inicio, sin necesidad de exponer al proyecto a semejante desgaste. Ciertamente, Carlos Carrillo ha sido un activo destacado que pudo controlar los daños del escándalo, y merecía estar en el gobierno desde mucho antes. Incluso las recientes denuncias contra suyo parecerían indicar que en este periodo se había convertido en un activo al que la oposición debía deslegitimar.
Un segundo aspecto tiene que ver con la simbolización de la acción pública, en la que ha caído la política del país y de la que el petrismo no ha sido la excepción luego de la influencia para la cultura política nacional de personajes como Antanas Mockus y la tristemente célebre Ola Verde. Todos estos son solo símbolos que parecen llenar el vacío de un debate carente de significado. Es un tipo de política que procura secuestrar las políticas públicas y los fines sociales del Estado con una simbología que en nada transforma a la realidad, al tiempo que salvaguarda el credo neoliberal. A fin de cuentas, un girasol es solo un girasol que poco hace por implementar políticas anticorrupción, mientras su verdadero objetivo sería ayudar a potabilizar a políticos neoliberales como el propio Mockus, Enrique Peñalosa y sus áulicos.
Petro cayó en este vacío dedicando enormes cuotas de energía a construir símbolos y nombrar personas que encarnan luchas sociales, pero con limitada capacidad de acción. Ciertamente, la irrupción simbólica de estas luchas pudo parecer la antesala de un debate nacional sobre la inclusión de sujetos sociales históricamente marginados, actuando como preámbulo para la implementación de medidas a favor de la transformación de la política nacional. Pero el símbolo no fue suficiente. Nunca lo será. Por ello es necesario dotar a la política de capacidad de acción, movilización de recursos para su materialización y un compromiso a largo plazo para formar cuadros políticos aptos, pero sobre todo comprometidos, con los procesos de cambio.
El presidente nunca entendió el rol histórico que debe cumplir una fuerza política que encabeza un proceso de cambio.
Este factor, como el primero mencionado, es una explicación plausible de la alta rotación de los funcionarios gubernamentales. El inmerecido desgaste de figuras como Francia Márquez y la rotación han afectado a la administración, ofreciendo una imagen de inestabilidad e inexperiencia que un gobierno enemigo de las élites no puede permitirse. Por supuesto que hay que sumar alianzas, pero no pueden hacerse sin estrategia, dirección ni control. Las buenas intenciones no son suficientes, y Petro no parece haber tenido el carácter ni la disciplina para conducirlas, mucho menos para poner límites, renegociar y hasta vetar a cuadros administrativos problemáticos o adversos.
El último error tiene que ver con el tratamiento del problema casi eterno de la seguridad en el país. Seguramente un tratamiento detallado de este aspecto excede por mucho el espacio de una columna de análisis y opinión. No obstante, podrían esbozarse algunos trazos que merecen un debate abierto ad-portas de la candidatura de Iván Cepeda.
En primer lugar, parece que la izquierda no logra consolidar un discurso sobre la seguridad por fuera del reconocimiento de los DD.HH., sociales y culturales. Su gran aporte ha sido, por muchos años, establecer un diagnóstico certero de las complejas causas que movilizan la violencia y la delincuencia. La criminología sociológica es así una herencia inestimable del liberalismo social de los años 30 del Siglo XX y, quizás, el mayor aporte de Jorge Eliécer Gaitán al derecho penal, junto a su maestro Enrico Ferri. Sin embargo, este diagnóstico choca con un contexto cambiante: los ritmos electorales que exacerban el tema de la seguridad, la espectacularización estimulada por los medios de comunicación, la aparición de grandes actores y redes criminales que terminan siendo persistentes en el tiempo, y la capacidad de captura por parte de instituciones y organismos del Estado –incluyendo agentes públicos–.
Ante la urgencia, las personas no quieren escuchar de acuerdos con agentes criminales, de negociaciones de paz, ni mucho menos de garantías de DD.HH. Esto lo saben muy bien los neofascistas que saben apalancarse de los medios de comunicación y de las redes sociales para hipersimplificar la realidad y vender rápidas recetas anticrisis.
La izquierda no ha podido construir un discurso que atienda esta urgencia. No se trata de jugar el juego sucio del bukelismo, sino de tomar medidas también rápidas, de avanzar en una depuración de las fuerzas públicas y de un compromiso para descabezar a la criminalidad. Todo ello supone reformar las fuerzas armadas y avanzar en la desestructuración de las redes políticas, económicas y militares de los agentes criminales. No cabe duda que la seguridad es urgente, y parece que los únicos que han sabido capitalizar esta urgencia son los neofascistas y neoparamilitares. De esta manera, es necesaria una agenda civil que confronte a las redes criminales en su conjunto, pues el discurso de los DD.HH. y de la negociación parece tocar un límite.
1 Como lo atestigua la Conferencia de Emergencia Sobre la Situación en Palestina, celebrada en Bogotá y con la participación de –entre otros–, Francesca Albanese, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos.
2 Haz click aquí para ver la participación de Colombia en 33ª Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
3 Punto álgido en la Cumbre CELAC–África.
4 Como cuando señaló a sus ministros como oposición interna y traidores.
6 Incremento reciente de la popularidad de Petro.
7 Con la COP16 en Cali como punto cúspide.
