#SOSColombia

A 12 días de iniciado un Paro Nacional que en Colombia ya no tiene como base crítica excluyente el rechazo a la ya retirada –pero aparentemente no acabada- Reforma Tributaria, se mantienen las manifestaciones públicas en medio de denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, aprovechamiento de la confusión de vándalos que realizaron saqueos, faltante de agentes policiales y un caos generalizado. En medio de la violencia, a las demandas oportunamente detalladas en la anterior entrega de esta columna ahora se suman la oposición a la Reforma en Salud, a las inequidades del sistema de educación encabezadas por agrupaciones universitarias, a la falta de oportunidades laborales, entre otras. Pero el reclamo más destacado ha girado alrededor del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los aparatos policiales y militares.

De tal manera que durante la sesión que el viernes celebró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fuera transmitida en vivo a través de la plataforma YouTube, miles de internautas colombianos ingresaron al chat público sólo para apuntar el hashtag #SOSColombia a modo de llamado de atención a la comunidad internacional sobre los abusos. Tanto esta situación como los videos viralizados a través de las redes sociales fueron advertidos por el organismo supranacional, obligando a la vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, a expresar que “hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales, golpes y detenciones”.

A todo esto, el gobierno encabezado por Iván Duque ha permanecido confinado en su cofre de cristal. En la Casa de Nariño, el presidente ha dedicado sus jornadas a celebrar innumerables reuniones para recibir la visita de altos referentes de los distintos espacios políticos, y apenas ha dejado la sede para trasladarse a la gobernación de Cundinamarca, también en Bogotá, donde dialogó sobre la coyuntura con alcaldes y gobernadores de todo el país. Esto mientras no hay certezas sobre la cantidad de víctimas que va dejando la crisis: de acuerdo a la fuente a la que se recurra (que van desde ONGs internacionales en materia de Derechos Humanos hasta la Defensoría del Pueblo), los números pueden ascender a 379 desaparecidos –muchos de los cuales serían resultantes de detenciones arbitrarias-, 24 muertos y numerosos abusos sexuales a mujeres. También hay casos de policías asesinados, como los registrados en un incidente en el municipio de Tibú, así como al menos 16 CAI (estaciones de policía) incendiados en la capital del país.

A pesar de que la gran parte de las protestas son pacíficas –que incluyen desde velatones por la paz, bicicleteadas hasta intervenciones artísticas-, la administración de Duque ha destinado sus energías a responsabilizar a “grupos armados ilegales” que alimentaron el vandalismo. En tanto, entre los responsables apuntados tampoco podía faltar el nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, particularmente en la boca de Lenin Moreno, Jefe de Estado ecuatoriano, quien en su intervención durante el Foro de Defensa de la Democracia celebrado en Miami acusó al bolivariano de la crisis colombiana: “los organismos de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión de las manos sangrientas, corruptas del dictador”, dijo.

Desconociendo todas las lecciones de falta de temor al ridículo dejadas por Jair Bolsonaro, el gobierno colombiano desafía en sus límites a la comunidad internacional. El titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Gregory Meeks, expresó su preocupación e instó a Duque a “disminuir la violencia y dejar en claro que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable”. Pero esto puede no resultar tan grave como la advertencia del legislador de que su país puede llegar a aplicar los términos de la Ley Leahy que impide el apoyo financiero estadounidense a las fuerzas de seguridad de cualquier parte del mundo involucradas en violaciones a los Derechos Humanos. Para comprender la trascendencia de esto es preciso abordar aspectos culturales e históricos que normalizan la inclusión de remesas y recursos provenientes de otros países en sus presupuestos, tanto en las micro-economías familiares como en los PIB nacionales. Por una parte, la pandemia ha incrementado el flujo de remesas provenientes desde el exterior a través de las que miles de colombianos expatriados ayudan a sus familias: durante 2020 la cifra creció en un 1,92%, alcanzando un monto total acumulado de US$6.209 millones hasta octubre pasado, de acuerdo a las estadísticas consolidadas por el Banco de la República. Por otro lado, por más de 20 años las discusiones alrededor del Plan Colombia (el acuerdo bilateral por el que Estados Unidos envía fondos para apoyar la lucha armada contra el narcotráfico) han sido centrales al momento de diseñar los presupuestos anuales. Esto es, a sabiendas de que el funcionariado financiero colombiano no está integrado más que por economistas de remesas, la unión advierte desde la billetera.

Aunque en una línea más política, también la Unión Europea (UE) se ha pronunciado en conjunto, de la misma manera que la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios de sus países miembros. Duque, con una popularidad del 33% y en caída, y el país sumido en una pobreza del 42%, se ha limitado a “rechazar” estos pronunciamientos “sin objetividad”, a la vez que ha instado al levantamiento de los bloqueos que incomunican a poblaciones enteras.

La pandemia, mientras tanto, prácticamente se ha reducido a un rango anecdotario. El jueves, la capital Bogotá –la ciudad con la más robusta infraestructura estatal- se ha visto forzada a suspender por varias horas el proceso de vacunación ante el faltante de insumos. Los números son alarmantes: las 457 muertes (con 17 mil nuevos contagios) del viernes llevaron a superar la línea de 76 mil; en un país de más de 50 millones de habitantes, la tardía vacunación iniciada en marzo apenas ha alcanzado los 6 millones de beneficiarios. Sin embargo, las concentraciones de protesta se han mantenido en las ciudades y pueblos, con algunas zonas radicalizadas, tales como Cali. Y es que, a estas alturas, los colombianos le temen más a su propio gobierno que al Coronavirus.

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