Por Daniel Lencina, especial para El Ancasti
Santa Marta (Colombia), mayo de 2021
Foto de Guillermo Legaria (Getty Images)
Hasta hace no tanto tiempo, Colombia era poco menos que la tierra prometida para millones de venezolanos que huían –a pie, con hambre, sin documentos de migración legal, expuestos a enfermedades de todo tipo, etc.- del chavismo en busca de libertad, trabajo, oportunidades y un nuevo hogar. Poco después quedó en evidencia que las expectativas generadas por la propaganda no concordaban con lo que, tras la frontera, les esperaba a los migrantes, y comenzaron a verse las caravanas que marchaban de retorno a su tierra. Ahora, la pandemia ha dejado al desnudo las desigualdades estructurales que por décadas se han naturalizado en el país del café, así como los abusos de los sectores privilegiados no sólo en el empleo de los dispositivos de legitimación simbólica (particularmente los medios de comunicación), sino también de los aparatos policiales del estado de excepción.
Porque las revueltas sociales que se registraron en todo el país desde el pasado fin de semana dan cuenta de una serie de insatisfacciones que van más allá del atropello que significa una Reforma Tributaria que torna aún más regresiva a la maquinaria de recaudación en un país que ya es el más desigual de Latinoamérica (región desigual si las hay), de acuerdo al Índice de Desarrollo Regional para América Latina (IDERE LATAM) 2020 que midió a 182 países. El atropello impositivo fue sólo la gota que colmó el vaso, provocando el levantamiento de la multitud, que en términos de Hardt y Negri es ese nuevo sujeto que ha suplantado a la clase obrera y que contiene una pluralidad infinita con potencia transformadora y alcance en la totalidad del sistema.
Los excesos se anteceden a partir de una educación que no es más que un negocio al que no todos pueden acceder, la resignación al desempleo o –en el mejor de los casos- al empleo informal, al irrespeto de los Acuerdos de Paz de 2016 para sostener la violencia interna que justifique la política de guerra, el asesinato de líderes sociales, la violación de Derechos Humanos, y la tibieza gubernamental para el tratamiento de la pandemia por COVID-19. Los mencionados son componentes que integran un acervo neoliberal radicalizado que, de la misma manera que sucedió con el denominado Estallido Social de 2019 en Chile, explotaron desde el interior de sus propias entrañas.
Durante los tres años que lleva al frente de la administración, el presidente Iván Duque sólo ha dado lugar a la confirmación de las sospechas sobre su inexperiencia para un cargo que, como se dice en las calles colombianas, “se lo ha encontrado en un paquete de chitos”, beneficiado por el ejercicio de poder de quien realmente tiene el sartén por el mango y de quien el mandatario es un mero fantoche: el expresidente por dos períodos y ex senador de la nación Álvaro Uribe Vélez. Siempre sospechado de vinculaciones paramilitares, Uribe y su familia son de los mayores terratenientes de Colombia, posición que habrían alcanzado a partir del manejo de la cosa pública, de acuerdo a las denuncias que Alirio Uribe e Iván Cepeda revelan en su libro Por las sendas del Ubérrimo. Solamente en el departamento de Córdoba, tal concentración alcanza las 1.311,2 hectáreas, afirman los autores, mientras que investigaciones de la Contraloría del Sector Agropecuario revelaron otras acumulaciones en Meta, Caquetá, Vichada y Antioquía de 322 predios por 123.482,89 hectáreas.
A su vez, el partido gobernante ha venido haciendo todo lo posible para echar por tierra el Proceso de Paz promovido por el ex presidente Juan Manuel Santos, que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2016 y que aspiraba a acabar con más de 60 años de guerra interna. Actualmente, los firmantes de los acuerdos no cuentan con garantías para el abandono de sus armas, su reinserción social y el respeto de sus derechos. Y es que un contexto de paz representaría todo un impedimento para la actividad paramilitar, la justificación de las masacres y el forzamiento al abandono de sus tierras por parte de miles de campesinos que buscan algún margen de seguridad para sus vidas, acusaciones que siempre han tocado de cerca a Uribe y que le han valido centenas de procesos judiciales y su arresto domiciliario en 2020.
Mientras tanto, Duque intenta ejercer su mandato a través de los canales de televisión, muy a la orden de las demandas de construcción simbólica del presente que enfatiza la acción de los dispositivos de legitimación mediática. Tanto es así que, en una crítica columna publicada la semana pasada, The New York Times tituló “Los colombianos no quieren ser tratados como espectadores. Presidente Duque, salga del estudio”. Cual presentador de programa televisivo, es desde ese plató que se han anunciado las tenues políticas para combatir los efectos de la pandemia con emisiones nocturnas que ofrecen mediciones progresivamente más bajas.
Tal es el desatino –o el descaro- del gobierno que en medio del confinamiento anunció una inversión de 4000 millones de dólares para la compra de aviones de guerra, iniciativa en la que poco después retrocedió, tras las críticas por la escasez de vacunas para el tratamiento del Coronavirus. También este domingo Duque anunció que había solicitado al Congreso el retiro del proyecto de Reforma Tributaria que había ocasionado las revueltas sociales, con el propósito de menguarlas. Las manifestaciones no sólo no cesaron, sino que se incrementaron principalmente en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Además de 16 muertos, hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha reportado 89 personas desaparecidas en medio de un paro nacional al que se van sumando otros sectores, como el gremio de los camioneros.
Pese al anuncio del domingo, la situación social no se ha apaciguado, ya que hay desconfianza hacia la administración. De hecho, las manifestaciones populares se han intensificado precisamente en el peor momento de la tercera ola de la pandemia, con todo lo que los gentíos representan para la propagación de los contagios. El anuncio de una nueva Reforma, esta vez en salud, genera intranquilidad, y tampoco puede decirse que se haya volteado toda intención de resucitar a su par tributario. Tras la renuncia del lunes del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, Duque encaró la misión de generar mayores consensos políticos para el diseño de un nuevo modelo fiscal. Todo esto a un año de la celebración de las elecciones generales. Ya hubo sectores, como el Partido Verde, que se manifestaron en contra de todo diálogo mientras haya intención de revivir la iniciativa. No obstante, el primero de los ex presidentes que se pronunció sobre la situación fue precisamente Santos, quien se puso a disposición del gobierno para encontrar una salida a la crisis: “Nunca olvidar que la paz es el camino”, expresó a través de Twitter. Paz es la que Colombia necesita.
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