El debate en torno al financiamiento universitario provocado por el veto del presidente Javier Milei a la ley aprobada por el Congreso puede –casi involuntariamente– terminar poniendo sobre la mesa una serie de aspectos que no parecen estar siendo totalmente abordados. De momento, tanto la firme postura del gobierno de negar incrementos de fondos como las movilizaciones y tomas de facultades por parte de estudiantes, docentes y trabajadores se queda mayormente en disputas por las partidas presupuestarias. No obstante, la combinación entre la profundidad de la crisis económica, social, política e institucional y la coyuntura de la educación superior podrían generar el caldo de oportunidad para discusiones sobre el tipo de universidad que se aspira a edificar y con cuáles propósitos colectivos, yendo más allá de los valiosos logros de instauración del dispositivo promotor de movilidad social ascendente.