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Cuando un grupo de ciudadanos integrado principalmente por mujeres y adultos mayores se puso al frente de la resistencia por la protección del medio ambiente en la localidad de Marsella, en la capital colombiana Bogotá, la respuesta del Estado fue a través de la fuerza.
Así viene ocurriendo desde principios del mes de febrero, cuando los vecinos se levantaron contra la construcción de un colegio en el Parque La Paz, que es el pulmón verde de la localidad, afectando la flora y especies animales en riesgo como la serpiente sabanera.
No obstante, la tala en el parque ya ha comenzado, ocasionando también severos daños en las construcciones aledañas. Esto ha provocado que mujeres manifestantes se encadenen en los árboles que siguen en pie, por lo que han sido reprimidas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.
«No estamos en contra de la educación», aclara una de las manifestantes, Luan González, una vecina del sector que es médica salubrista y candidata a doctora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. «Tenemos, a menos de 3 o 4 cuadras, instituciones educativas que aún tienen cupos y que no han podido completar con estudiantes, por lo que sus jornadas académicas corren riesgo de cierre», agrega.
El contrato que la Alcaldía encabezada por Claudia López tiene con el constructor del nuevo colegio asciende a unos 42 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 8,2 millones de Euros, de los cuales ya se han adelantado el pagos de pólizas, por lo que «el contratista tiene un afán de construcción y de poner cemento en este sitio protegido ambientalmente», cuestiona Luan González.
La Secretaría de Educación de la Alcaldía aduce contar con toda la documentación en regla para avanzar en la construcción del colegio, además de haber respondido a 17 derechos de petición, que es un recurso legal de la ciudadanía para presentar solicitudes ante las autoridades o entidades por cuestiones de interés general o particular. «Por encima está el derecho a la educación», expresó oportunamente el subsecretario de Acceso y Permanencia, Carlos Peña.
Para Luan González, no obstante, el reclamo de la comunidad de Marsella se da ante el silencio de los medios de comunicación, por lo que los manifestantes han apelado al empleo de los recursos de las redes sociales y del apoyo de los medios independientes. «Nos quieren hacer ver como una comunidad indolente ante las necesidades de educación, y eso no es así. Los medios han tomado partido por los intereses corruptos de la Alcaldía y los contratistas», explica.